Relacionar el velo islámico con el sexo no ofende a las musulmanas.

Así lo sentenció ayer un tribunal de Estambul, al exculpar a la historiadora turca Muazzez Ilmiye Cig, de 92 años, juzgada por sus escritos sobre la historia del pañuelo musulmán. Cig, una laica convencida, atribuye el origen del pañuelo a las sacerdotisas sumerias que iniciaban a los jóvenes en la sexualidad hace 5.000 años en Mesopotamia. Aunque la historiadora no afirma que las sacerdotisas fueran prostitutas, el velo es una cuestión muy polémica en la sociedad turca, musulmana en su inmensa mayoría pero impregnada por los valores laicos del fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal, Atatürk.

La decisión del tribunal se produce mientras la Comisión Europea observa minuciosamente la situación de la libertad de expresión en Turquía, país candidato a integrarse en la UE. Bruselas publicará el próximo 8 de noviembre un informe en el que se prevé que critique con dureza la persecución judicial contra intelectuales, escritores y periodistas.
Para Muazzez Ilmiye Cig, especialista en la historia de los sumerios, considerados como la primera gran civilización, fue este pueblo mesopotámico quien usó por primera vez el pañuelo como señal de distinción entre las mujeres, muchos antes de su uso en el islam. En su libro Mis reacciones de ciudadana, publicado el año pasado, Cig explica que el velo permitía a los hombres distinguir a las sacerdotisas que se dedicaban a educar a los jóvenes en las relaciones sexuales de las que se encargaban de las tareas del templo.

Abogado ofendido
Un abogado de Esmirna (oeste de Turquía) dijo sentirse ofendido por estas afirmaciones y presentó una denuncia contra la historiadora y su editor, Ismet Ogütücü. Ambos acusados se enfrentaban a una pena de hasta 18 meses de cárcel.

En el primer día señalado para la vista, el fiscal pidió al tribunal el sobreseimiento del proceso, al considerar que "los elementos del delito no estaban probados" y que las afirmaciones de Cig no amenazaban la seguridad pública. El tribunal coincidió en rechazar la aplicación del delito de incitación al odio religioso.

"Soy una hija de la revolución de Atatürk y, como mujer turca, intento unir a la gente, no soy una persona que incite al odio", declaró Cig después de escuchar la sentencia, rodeada por abogados y periodistas, y en medio de los aplausos de dos centenares de personas custodiadas por agentes antidisturbios.

La anciana historiadora, que ha denunciado en varias ocasiones que la Turquía actual se ha alejado de los principios republicanos instaurados por Atatürk, se ha ganado el respaldo de los sectores laicos de la sociedad, que temen que el Gobierno islámico conservador que dirige Recep Tayyip Erdogan ataque estos valores. Cig envió también una carta a la esposa del primer ministro para invitarle a quitarse el velo en público y servir así de ejemplo a sus compatriotas, que no pueden acceder a cargos en la Administración ni a las universidades vistiendo el hiyab. "En casa puede llevar lo que quiera. Pero como esposa del primer ministro, no puede llevar ni una cruz ni un velo", explicó Cig en una entrevista publicada el mes pasado. Emine Erdogan, que como la mayoría de las esposas de los miembros del Gobierno turco aparece velada en los actos públicos, no contestó a la misiva.

La polémica sobre el pañuelo se desencadenó de nuevo en Turquía tras la llegada al poder del partido islámico Justicia y Desarrollo (AKP) en 2002. Esta formación se comprometió a suprimir la prohibición del velo en la función pública y las universidades. Hasta ahora los islamistas turcos no han cumplido su promesa, debido a la fuerte oposición de los sectores laicos, entre ellos el Ejército, guardián de los principios del kemalismo.

El de ayer es el último caso judicial por delitos de opinión en Turquía. Decenas de intelectuales, entre ellos el Premio Nobel de Literatura de 2006, Orhan Pamuk, han sido perseguidos en los últimos años por ofensas contra la religión o la identidad nacional turca. La UE es especialmente crítica con el artículo 301 del Código Penal turco, que criminaliza los insultos contra la identidad turca. Ankara se ha resistido a la petición de Bruselas de que suprima esta disposición, alegando que necesitaba más tiempo para ello, y que sus tribunales suelen exculpar a los imputados en delitos de opinión.